Ronda de preguntas: mesa redonda “Derechos de Autor, Tecnología y Acceso a la Cultura. Desafíos normativos”

Para llegar al dominio público, ¿tiene sentido tener esa normativa en el caso del software? Considerando los avances del software y del corto tiempo a las obsolescencias de sus versiones, ¿puede haber una prescripción de tiempo menor?

Claudio Magliona: Se debe proteger una ventana más pequeña porque si no se inhibe la innovación. Hay una dilución internacional sobre si el software se puede proteger a través de las patentes.

¿Cómo se asevera que los derechos de autor –siendo de corta data el concepto- no van a afectar al acceso de la cultura?

Juan Antonio Durán: Nunca ha conocido en Chile un caso donde el derecho de autor obstaculice el acceso. De hecho, como ejemplo, indica que un libro con derecho de autor y otro de dominio público valen lo mismo.

Se hace el comentario de que no es necesaria la protección de los derechos de autor para que la humanidad siga siendo creativa.

Juan Antonio Durán: Durán aclara que su punto es que no puede un tercero -que no es el titular- hacer uso de los derechos de autor.

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Mesa Redonda: Derechos de Autor, Tecnología y Acceso a la Cultura. Desafíos normativos.

Claudio Magliona – Asociación de Derecho Informático

Con el derecho de autor se busca el incentivo a los autores pero también busca lograr el acceso a las obras. Para Magliona, las nuevas tecnologías han afectado los derechos de autor. Existe un conflicto entre TICs y derecho de autor: de hecho en 1984 se trató de prohibir el VHS. En el 2005, está la problemática del P2P y el 2007 Viacom demanda a Youtube. Si estas demandas continúan, para Magliona los alcances podrían llegar a botar a la web 2.0. Una tecnología no se puede declarar ilegal, solo depende de los usos que se les da. En esos términos, cuando el formato es digital, se facilita el acceso. Lo que no entiende Magliona es por qué a un usuario común –sin fines de lucro- se le prohíbe utilizar las tecnologías como hacerles copias.

Juan Antonio Durán – SADEL

El estado debe entregar elementos que propician el acceso al conocimiento. Con los autores, se tiende a pensar que ellos son una gama especial de ciudadanos: deben regalar sus derechos para el acceso. Para Durán, la demanda de acceso no es sinónimo de libertad ni de gratuidad.

La tecnología es un camino al pluralismo cultural. Potencial liberador de la revolución TIC. El derecho de autor es parte de estos elementos, no es un antagonista. El poder se concentra en el lenguaje: los autores entonces son el centro de la lucha para la diversidad cultural. Se necesita protección de los autores, pero también hay que hacer un esfuerzo para su legitimización.

Clauido Ruiz – Derechos Digitales

El acceso está delimitado por el derecho de autor. El derecho de autor no es lo mismo que un derecho de propiedad. El derecho de autor esencialmente está construido como una forma de comunicarse con el público. De poder llegar a terceros. El acceso fáctico se debe distinguir del acceso legal.

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Ronda de preguntas: mesa redonda “Educación, Patrimonio y Acceso”

Patricia Reyes se refería en su exposición a la disposición de que todos los estudios encargados por el Estado debían ser entregados a las bibliotecas, ¿se cumple?

Patricia Reyes: Es el primer año de la aplicación de la ley pero aún no han recibido ningún informe. También hay que estandarizar cómo se entrega la información: es diferente que se haga una digitalización a que se entregue en papel. En ese sentido, el esfuerzo también debe ir en torno a la estandarización para lograr el mejor acceso.

Todo lo que se financia por Estado incluido los concheros públicos de arte ¿no debería ser de licenciamiento público?

Patricia Reyes: La disposición de la ley se refiere a la obra creada para los funcionarios públicos y por estudios solicitados a consultoras por el Estado. Pero también es una discusión abierta en tanto se dice que hay excepciones.

¿Quién tiene los derechos con respecto a los archivos patrimoniales? ¿Por qué hay que pagar precios exagerados?

Ilonka Csillag: CENFOTO no tiene ingerencia en los archivos cuando se trata del Estado, en tanto son una corporación privada. In embargo, Csillag piensa que es un abuso lo de pagar archivos patrimoniales. Lo que ellos proponen es lo contrario: si se va a cobrar por la generación del archivo, debe ser un costo razonable para no impedir el acceso. Pero eso es una legislación que debiera producir el Estado.

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