Sergio Aguiñada y Gerson Martínez de FUNDE – El Salvador: El Acceso al Conocimiento como moneda de cambio en los TLC

La conclusión fue tajante. Los comentarios entre los concurrentes ocurrieron de inmediato. Como países en vía de desarrollo, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder en nuestra regulación de la Propiedad Intelectual (PI) cuando se negocian los Tratados de Libre Comercio (TLC) con las grandes potencias? Este último fue el cuestionamiento que terminó resonando entre los asistentes al Seminario Acceso a la Cultura y Derechos de Autor, realizado este 24 y 25 de abril en Santiago, cuando escucharon las opiniones de los expositores que apuntaban a los sacrificios en el Acceso al Conocimiento (A2K en su sigla anglosajona) hechos por los países latinos en estas circunstancias.

Justamente, esta problemática es central en el trabajo hecho por la Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador que, motivados a procurar para los ciudadanos un crecimiento humano en el contexto de un desarrollo sustentable, se concentran también en analizar las implicancias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) en la industria farmacéutica local: las restricciones impuestas en la Propiedad Intelectual podrían terminar afectado el acceso a medicamentos esenciales por parte de los salvadoreños.

Gerson Martínez (economista) y Sergio Aguiñada (abogado) representantes de FUNDE -segundo y cuarto en la foto de izquierda a derecha- cuentan más de su experiencia en este proyecto, aunque aclaran que su trabajo con PI y A2K es relativamente reciente. Por eso califican de enriquecedora su asistencia como exponentes al Seminario, “fundamentalmente, por la importancia que le dio este evento al derecho de autor como factor de desarrollo para nuestros países”.

¿Cuál fue el contexto en que nació trabajar la problemática del A2K en El Salvador?

Sergio Aguiñada (SA): Hay dos grandes motivaciones. Una, es una evolución natural pues hemos estado trabajando aspectos de la Propiedad Intelectual que tienen relación con el desarrollo sostenible de nuestros países (en farmacéutica, por ejemplo) y en esa lógica era un paso natural abordar el tema del Acceso al Conocimiento. Otra, es que identificamos en nuestro país similares retos y dificultades como las que Chile ha enfrentado en PI, que nos llevan a la necesidad de presentar estas propuestas.

¿Cuál es el vínculo entre Propiedad Intelectual, Acceso al Conocimiento y desarrollo sostenible?

Gerson Martínez (GM): Las nuevas tendencias del desarrollo de los países a nivel internacional han sufrido un dinamismo importante y así nuestros gobiernos hacen esfuerzos para lograr transformarse en economías del conocimiento. Ahora bien, no existe un consenso sobre qué se entiende por economías del conocimiento, pero sí tenemos muy claro que es la vía en que nuestros países pueden tener un desarrollo equilibrado y justo, en la medida que exista acceso y discusión del conocimiento, teniendo siempre en cuenta que son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las herramientas más importantes para llegar a ese estado de desarrollo.

¿Cuáles son los mitos, miedos o barreras más comunes cuando se habla de temas como el A2K en sociedades como las centro americanas?

SA: El principal temor está en las personas y empresas que son titulares de los derechos de autor, pues se ven amenazadas cuando se habla de acceso porque piensan que puedes romper el esquema que les permite obtener un beneficio de su trabajo, y por tanto, que no se hagan vigentes sus derechos. Por otra parte, están los gobiernos que están reticentes, porque el Acceso al Conocimiento es vinculado al acceso a la información y muchas veces no están preparados para ser abiertos y transparentes.

Este temor de los gobiernos, ¿es a su juicio producto del monopolio que tienen sobre el Acceso al Conocimiento?

SA: El Acceso al Conocimiento le afecta en dos cosas a los gobiernos: uno, por las limitaciones reales o prioridades que se definan para el financiamiento de programas de gestión del conocimiento integrales; y dos, porque las TIC están abriendo una nueva forma de generar y construir conocimiento que está corriendo paralela a los Estados. Así, este último teme perder el monopolio en la construcción del conocimiento y por tanto el ordenamiento de, por ejemplo, los conceptos de la historia.

Pero entonces, ¿podríamos decir que el debate no está centrado en el acceso, sino en las protecciones del derecho de autor?

GM: La voz más fuerte que se escucha en el tema es de aquellos sectores que tienen la capacidad de disidencia a nivel político y que poseen los mayores intereses económicos detrás de la idea de un fortalecimiento de la protección a los derechos de autor. Los sectores afectados directamente, como microempresas, empresas de software, asociaciones de músicos o poetas, etc., no ven de manera clara el hecho de que una mayor protección en los derechos de autor los esté afectando a ellos en cuanto a su capacidad de tener acceso al acervo del conocimiento. Así, en El Salvador, el debate no se concentra en el acceso, pero sí en la piratería.

¿TLC v/s A2K?:

Aguiñada y Martínez cuentan que parte de su labor en FUNDE es analizar las implicancias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) en la legislación local, y por tanto, en el desarrollo humano de los salvadoreños. En esos términos, su labor pretende ser integral en tanto buscan trabajar tanto con la sociedad civil como con el aparato de gobierno. No obstante, Sergio Aguiñada aclara que “nos queda mucha sensibilización que hacer, pero en la medida que tengas una propuesta clara, tienes mucho camino recorrido”.

En FUNDE, ¿cuáles son las iniciativas concretas que están trabajando con la sociedad civil con respecto a derechos de autor y A2K?

SA: Para el caso de El Salvador, hasta ahora nosotros hemos trabajado un primer diagnóstico muy general sobre el tema. Lo que pretendemos es construir un proceso que permita generar los insumos necesarios para generar las propuestas concretas de modificación / adecuación de la legislación nacional para la incorporación de figuras que logren este equilibrio entre el acceso y los derechos de autor. Por otra parte, queremos hacer un proceso de formación de actores claves dentro del sector (editores, bibliotecarios, etc.), pero también con la acción de la sociedad civil ampliada y los funcionarios públicos que esté interesados en el tema. Finalmente, habrá un proceso de evaluación de los resultados y de creaciones de alianzas donde nos podamos ayudar mutuamente entre organizaciones más allá de Centro América y que es una de las razones por la que hemos estado en Chile.

En cuanto al aparato estatal, ¿cuál es la evaluación que hacen de la recepción de sus planes en A2K con los políticos de El Salvador?

SA: Nosotros trabajamos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., es decir, en todo el proceso legislativo para la implementación de las obligaciones asumidas en el TLC, y eso, en principio, abre la puerta para trabajar en modificaciones legislativas. De hecho, como parte de nuestro trabajo anterior al DR-CAFTA, hemos desarrollado comentarios sobre proyectos de ley respecto al tema que han sido “asumidos” por el gobierno y por las entidades correspondientes y eso nos da cierto respaldo ante ellos.

Gerson Martínez cuenta que frente a la lectura del DR-CAFTA se dieron cuenta que existía un peligro latente: este tratado podría constituir una barrera de entrada a competencias en el mercado farmacéutico salvadoreño, debido a patentes y protecciones estipuladas que terminarían en un aumento de precios y una consecuente reducción en su acceso. Frente a esto, FUNDE, junto el apoyo de la Fundación Ford, inició el proceso de trabajo de un proyecto sobre las patentes de medicamentos que está construido en la base de la lógica del acceso a remedios esenciales.

¿Cómo se vincula su trabajo en torno al acceso a los medicamentos con las restricciones de Propiedad Intelectual?

GM: El proyecto tiene múltiples variables. Económicamente, por ejemplo, pretendemos medir el impacto económico para todos los países cuando apliquen los acuerdos de Propiedad Intelectual dentro del DR-CAFTA: ampliación de plazos de patentes, establecimiento de un periodo de protección de datos de prueba, vinculación con el registro sanitario y el registro de PI, etc.

SA: También estamos midiendo los marcos jurídicos que están vinculados al acceso a medicamentos. Hemos hecho una recapitulación de toda la legislación vigente en los países de Centro América relativas al acceso de medicamentos, y hemos dado especial énfasis a la identificación de aquellas normas que se han introducido a partir del TLC con EE.UU., en que para el tema de medicamentos sí introdujo normas específicas en Propiedad Intelectual que presionan para modificar la legislación nacional, y así poder calificar su idoneidad y alcance, y deducir entonces propuestas concretas para procurar el acceso a medicamentos.

¿Qué opinan de la idea que los capítulos de Propiedad Intelectual en los TLC son la moneda de cambio de las economías emergentes con las desarrolladas?

GM: Desde nuestra perspectiva, no hay lugar a creer en algo diferente. Por ejemplo, el capítulo de Propiedad Intelectual en el DR-CAFTA con EE.UU. fue el último tema a negociar. Según declaraciones de gente que estuvo involucrada en las negociaciones, el tema de PI se dejó al final de la negociación junto con el de apertura comercial, en función de conceder cosas en el capítulo de PI a cambio de obtener un mayor acceso al mercado estadounidense.

Pero hasta donde se cree, con los TLC se busca hacer surgir a las economías más pobres. ¿No creen que con todas las restricciones de Propiedad Intelectual que imponen los tratados sobre los países en desarrollo, el progreso de su industria nacional se verá estancado?

SA: Sí, se supone que son herramientas de desarrollo. Pero no hay que olvidar que el tratado se monta ya sobre una estructura que es desigual, monopólica y excluyente, y en la medida que suceda esto, no puedes hablar de que sea un instrumento de desarrollo a largo plazo.

GM: En ese sentido, creo que hace falta mucha visión política de aquellos que negocian estos tratados, para identificar el tema de la Propiedad Intelectual como un elemento que puede representar cambios profundos en las dinámicas sociales y económicas de nuestros países, y por ende, no utilizarlo nada más que como una moneda de cambio.

Aguiñada y Martínez manejan interesantes cifras que dieron a conocer en su intervención en el Seminario y que versan sobre las amplias disparidades socioeconómicas existentes en El Salvador, lo que potencia la brecha tecnológica: por ejemplo, en las cifras que maneja FUNDE, sólo un 5,5% de la población tiene acceso a Internet; y el gasto en I+D es de 0,08% PIB (en tanto en Chile es de un 0,62% PIB). Así, para Sergio Aguiñada, en países donde hay una muy limitada capacidad de innovación, de ciencia y tecnología, encontrarse con paquetes de medidas de control tecnológico (que prohíben la ingeniería inversa, por ejemplo) emanadas de un TLC, es poner aún más barreras a su progreso. Según sus palabras, el gran peligro es que los tratados terminen “normando el status quo preexistente, profundizando con los países desarrollados aún más esos vínculos de dependencia que ya existen”.

Posted in Sin categoría at mayo 29th, 2008. No Comments.